MiriamSerranoNoticias

Por: Jason

Con el escándalo que se hizo al querer recortar el tiempo de clases por parte de la Secretaría de Educación, pretextando que las temperaturas se han presentado muy elevadas y que se venia lo del mundial, evidentemente no se consideraron varios aspectos como, la perdida de la continuidad de los aprendizajes como proceso biológico  y etapa sensible de la adquisición de saberes, el sustento pedagógico y didáctico, aspectos fundamentales que ya habíamos tenido un precedente en la etapa posterior a la pandemia, desde el punto de vista legal se omitieron los artículos 83 y 84 de la Ley General de Educación donde se mencionan los días que comprende el periodo escolar y cuales son las excepciones para suspenderlo, por otra parte el impacto familiar y laboral al no tener donde resguardar a sus hijos, esto demuestra la terrible ignorancia que esta presente en el secretario de educación, sus asesores, los gobernadores y del presidente. 

Se pone sobre la mesa argumentos que desafortunadamente suelen quedar como anécdotas irrisorias ya que se toman decisiones unilaterales o con tintes más políticos y mediáticos como el Mundial o el clima, que los verdaderamente educativos.

Este punto toca los ejes fundamentales que deben regir cualquier política pública en educación, el pedagógico/biológico, el legal y el social. Desglosando los puntos que se mencionan, la realidad expone varios aspectos críticos:

El Impacto Pedagógico y Neurocognitivo

Desde la psicología cognitiva y la neuroeducación, el aprendizaje no es un interruptor que se pueda encender y apagar sin consecuencias.

• Etapas sensibles y plasticidad cerebral: Como bien se señala, la infancia y la adolescencia son periodos donde el cerebro tiene una mayor plasticidad para consolidar ciertos saberes y habilidades (comprensión lectora, pensamiento lógico-matemático, socialización).
• La pérdida de continuidad: Romper el ritmo escolar de forma abrupta genera el llamado curva del olvido. Si apenas se estaban resarciendo los daños y el rezago educativo dejados por la pandemia (donde la falta de presencialidad costó años de desarrollo académico), recortar el calendario por razones externas vuelve a estancar ese proceso de recuperación.

El Marco Legal Omitido

La ley existe precisamente para evitar que las ocurrencias o las presiones del momento dicten el rumbo del país. Los artículos que se menciona de la Ley General de Educación son muy claros:

• Establecen un mínimo de días de clase efectivos (normalmente entre 185 y 200 días según el calendario aplicable).
• Estipulan que las suspensiones solo deben ocurrir bajo causas de fuerza mayor justificadas (como desastres naturales inminentes o emergencias sanitarias reales), y que esas horas perdidas deben reponerse. Ajustar un calendario escolar completo por un evento deportivo o por olas de calor que, idealmente, deberían combatirse mejorando la infraestructura de las escuelas (ventilación, agua potable), es una salida fácil que pasa por encima de la ley.

El Impacto Socioeconómico y Familiar

La escuela en América Latina no solo es un centro de aprendizaje, cumple una función social de resguardo y equidad:

• Logística familiar: Para los padres trabajadores, la escuela es el único espacio seguro donde dejar a sus hijos. Un recorte abrupto desestabiliza la economía familiar, obligando a los padres a faltar al trabajo, pagar cuidadores externos o, en el peor de los casos, dejar a los menores solos.
• Brecha de desigualdad: Mientras que las familias con recursos pueden compensar esos días libres con cursos, regularizaciones o tecnología en casa con aire acondicionado, los sectores más vulnerables quedan expuestos al rezago y a dinámicas de calle o trabajo infantil temprano.

Esta crítica evidencia una desconexión severa entre la alta burocracia educativa (Secretarios, gobernantes) y la realidad operativa de las aulas y los hogares. Tomar decisiones «de escritorio» ignorando los procesos biológicos del aprendizaje, la legislación vigente y el tejido social, demuestra como se ha mencionado una falta de asesoramiento técnico y un orden de prioridades bastante cuestionable donde la educación rara vez queda en primer lugar.

Hay que considerar además que la ley general de educación sufrió un cambio precisamente al arribo del actual gobierno federal a la presidencia, entonces es doble ignorancia por que no saben lo que corrigieron y lo que aprobaron. Es la contradicción absoluta, desconocer las reglas que tú mismo escribiste.

Este dato histórico y normativo es fundamental. Con la llegada de la actual administración, se derogó la reforma educativa anterior y se promulgó una nueva Ley General de Educación (publicada en septiembre de 2019) para dar sustento legal a su proyecto de la «Nueva Escuela Mexicana» (NEM).

El hecho de que las autoridades actúen ignorando los artículos 83 y 84 —que regulan el calendario escolar y las excepciones para suspender clases— demuestra un nivel de cinismo e incompetencia técnica alarmante por tres razones específicas:

Desconocimiento de su propia «Victoria Legislativa»

La reforma de 2019 fue el gran estandarte político del partido en el poder en materia educativa. Ellos mismos diseñaron, cabildearon y votaron ese marco jurídico. Que los secretarios de educación, sus asesores y los gobernadores violen o ignoren esos artículos para acomodar suspensiones por el Mundial o por olas de calor (que debieron preverse con planeación de infraestructura), evidencia que utilizaron la ley como un trofeo ideológico pero no como un manual de operación, aprobaron un texto que ni siquiera se tomaron la molestia de comprender en su aplicación práctica.

La Incoherencia Curricular y Pedagógica

La nueva legislación que ellos aprobaron insiste discursivamente en la «excelencia educativa», el desarrollo integral del educando y el humanismo. Sin embargo, al romper la continuidad de las clases de forma arbitraria, pisotean los principios pedagógicos que su propia ley dice defender. Ignoran que el proceso de aprendizaje requiere constancia y que la Nueva Escuela Mexicana, en teoría, exige un mayor compromiso comunitario y presencial para resarcir el tejido social.

La Institucionalidad de «Usar y Tirar»

Este comportamiento demuestra una visión muy peligrosa del marco legal, donde la ley solo es útil cuando sirve para legitimar el discurso oficial, pero se vuelve totalmente prescindible o «ignorada» cuando estorba a la comodidad política o a la improvisación del momento. Gobernar desobedeciendo tus propias leyes es la definición más pura de la arbitrariedad burocrática.

Es una doble ignorancia técnica, como bien se señala, por no entender las bases biológicas y didácticas del aprendizaje; y la legislativa, por demostrar un analfabetismo funcional respecto a las normas que ellos mismos redactaron e impusieron al país. La realidad sigue demostrando que cambiar el texto de una ley es fácil; lo verdaderamente complejo —y para lo cual han demostrado no tener la capacidad— es construir la estructura técnica y operativa para hacerla valer.

Recordemos que este mismo esquema se presento cuando dieron los resultados de la prueba PISA, en donde el presidente en su momento comento que esas mediciones eran neoliberales y que no reflejaban realmente la calidad de la educación en México, omitiendo que en su plan sectorial uno de los puntos consideraba los resultados de la prueba PISA para reorientar en lo que fuera necesario las acciones encaminadas a la mejora de la educación en nuestro país, ni la secretaria de educación en ese momento, sus asesores y el presidente tomaron en cuenta ese dato evidenciando nuevamente su ignorancia, y es un vivo reflejo de cómo la narrativa política suele imponerse sobre la congruencia técnica y legal. El episodio que se menciona con la prueba PISA (Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes) desnudó con exactitud el mismo patrón de conducta, la descalificación ideológica como recurso para evadir la rendición de cuentas y la falta de rigor en el diseño de políticas públicas.

Analizando ese escenario bajo la misma óptica estructural, la omisión y la incongruencia institucional son alarmantes por varias razones:

El Autoengaño Institucional y Legal

Lo más grave del argumento de que la evaluación era «neoliberal» no solo fue la retórica, sino la flagrante incongruencia con los propios documentos oficiales del gobierno.

• El Plan Sectorial de Educación (PSE): Este documento no es una simple lista de buenas intenciones; es el eje rector de la política educativa del sexenio, alineado al Plan Nacional de Desarrollo y publicado en el Diario Oficial de la Federación.
• Si el propio PSE establecía formalmente el uso de los estándares y resultados de PISA como un indicador diagnóstico para reorientar el rumbo y medir la efectividad de las acciones, rechazar los datos a posteriori no solo demuestra ignorancia, sino una violación implícita a las metas que ellos mismos se fijaron. Un timonel no puede romper la brújula a mitad del viaje solo porque no le gusta hacia dónde apunta el viento.

El Desprecio por el Diagnóstico en los Procesos de Aprendizaje

Desde el punto de vista pedagógico y de la gestión educativa, lo que no se mide, no se puede mejorar. Las pruebas internacionales como PISA no buscan «castigar» o etiquetar a los alumnos, sino evaluar competencias para la vida (lectura, matemáticas y ciencias) en una edad crítica (15 años), justo en la transición hacia la educación media superior o el mundo laboral.

• Al descalificar la prueba, las autoridades privaron al sistema educativo de un espejo técnico indispensable para identificar en qué áreas específicas de la estructura cognitiva y de la resolución de problemas estaban fallando los estudiantes.
• En lugar de utilizar el diagnóstico para diseñar estrategias de nivelación o robustecer el diseño curricular, prefirieron ignorar los datos, dejando a los docentes y diseñadores curriculares a ciegas.

La Falacia Ideológica como Escudo Burocrático

Etiquetar una herramienta de medición estandarizada como «neoliberal» es un reduccionismo que evade el verdadero debate de fondo. Los países que lideran PISA (como Singapur, Japón o incluso sistemas con enfoques fuertemente humanistas y públicos como el modelo finlandés o noruego) utilizan estos datos para ajustar la formación docente, la distribución de recursos y el apoyo a las escuelas más rezagadas.

La ignorancia compartida entre el Ejecutivo, la titular de la Secretaría de Educación y el cuerpo de asesores en ese momento evidenció que el diseño de la política educativa en México se ha manejado desde el voluntarismo y la lealtad política, no desde la evidencia científica ni el derecho constitucional a una educación de excelencia. Al final, los principales afectados por esta ceguera institucional terminan siendo los estudiantes, quienes quedan atrapados en un sistema que prefiere ocultar sus deficiencias antes que corregirlas.

Cada vez son mas errores que demuestran que sus ideologías como partido en el poder, se ve confrontado ante la realidad de un país que venia de tener instituciones fuertes y proyectos de nación(no perfectos), un poco más solido por el conocimiento técnico de quienes gobernaban. Esa confrontación entre la narrativa ideológica y la realidad técnica es precisamente, el gran choque estructural que vive el país. El nudo del problema radica en que se sustituyó el perfil técnico y la experiencia de Estado por la lealtad partidista y el voluntarismo político, bajo la premisa de que para gobernar basta con tener «buenas intenciones» o una visión moral del desarrollo.

Cuando la terca realidad se impone —ya sea en el rezago educativo tras una pandemia, en el colapso de los sistemas de salud, en la gestión energética o en la infraestructura urbana—, es cuando se hace evidente que las instituciones no se sostienen con discursos, sino con presupuestos bien asignados, planeación estratégica, metodologías científicas y marcos legales respetados.

Esta transición ha dejado al descubierto varias fracturas graves:

El Desmantelamiento de la Tecnoburocracia y la Memoria Institucional

Durante décadas, con todos los matices, errores y vicios que pudieron existir en administraciones pasadas, se había logrado construir una capa de funcionarios de carrera, especialistas y técnicos que entendían la complejidad de la administración pública.

• Diseñar un plan de estudios, proyectar una obra civil, auditar las finanzas del Estado o coordinar el sistema nacional de salud requiere de un bagaje metodológico muy profundo.
• Al estigmatizar el conocimiento técnico como «frío», «neoliberal» o «privilegiado», se barrió con la memoria institucional. El resultado es una curva de aprendizaje interminable y costosa para los nuevos gobernantes, pagada con el estancamiento del país.

El Rechazo a la Evidencia Científica y los Datos duros

Un proyecto de nación sólido se basa en diagnósticos, indicadores de rendimiento, proyecciones estadísticas y evaluaciones externas. El problema de gobernar desde la ideología es que esta no acepta el error; cuando los datos contradicen la visión oficial como los resultados de PISA, los índices de pobreza educativa o las auditorías financieras, la respuesta institucional no es corregir el rumbo, sino descalificar la fuente o cambiar las reglas del juego para ocultar el dato. Esto anula cualquier posibilidad de mejora continua.

La Centralización y la Pérdida de Contrapesos

Las instituciones fuertes y los organismos autónomos funcionaban como un blindaje para que las ocurrencias de un gobernante en turno no destruyeran sectores estratégicos. Al debilitar estos contrapesos y concentrar las decisiones en perfiles sin las credenciales necesarias, la administración pública se vuelve reactiva, operando bajo la lógica del «bomberazo» y la improvisación, en lugar de una planeación a mediano y largo plazo.

El verdadero humanismo y el compromiso social no están peleados con la eficiencia técnica; al contrario, la exigen. No hay nada más lesivo para las clases vulnerables que un gobierno ineficiente que destruye los procesos de aprendizaje de los niños o desestabiliza las instituciones por mera terquedad ideológica. La terca realidad siempre termina pasando la factura, y la historia demuestra que el voluntarismo sin método científico ni rigor legal siempre deviene en crisis institucionales.

Esto precisamente es lo que no se consideró en el actual gobierno, la capacidad técnica par orientar a un país hacia el progreso, son solo vulgares ambiciosos que se engañan en ideales que ni siquiera saben que son y para que. Cuando la lealtad política y la sintonía ideológica se convierten en los únicos requisitos para acceder a puestos de alta responsabilidad, el rigor técnico y la capacidad de ejecución pasan a tercer término. Lo que se describe como un engaño en ideales vacíos es metodológicamente hablando, la sustitución de la planeación estratégica por la narrativa política.

El gran drama de esta dinámica es que gobernar un país requiere de una altísima complejidad técnica que no se resuelve con discursos ni con asambleas. Se necesitan especialistas que entiendan de macroeconomía, de ingeniería civil para la infraestructura, de bases biológicas y pedagogía para el diseño curricular, y de derecho constitucional para garantizar la legalidad. Cuando perfiles sin esa preparación asumen el mando, ocurren tres fenómenos muy claros que confirman este punto.

La Incompetencia Operativa El «Cómo» frente al «Qué»

Es muy fácil lanzar una consigna o un ideal —como «lograr la soberanía energética» o «crear una escuela humanista»—, pero el verdadero reto de la administración pública está en el cómo, en el diseño de indicadores, las reglas de operación, los análisis de costo-beneficio y los modelos de blindaje financiero y legal. Al carecer de capacidad técnica, los proyectos nacen truncados, las obras duplican sus costos y los programas sociales carecen de reglas claras que midan su impacto real.

La Confusión entre Militancia y Servicio Público

Un funcionario público se debe a la ley y a la eficiencia institucional; un militante se debe a una causa y a un líder. Cuando los ministerios y las secretarías se llenan de militantes en lugar de técnicos calificados, la prioridad deja de ser el progreso del sector (la educación, la salud, la economía) y se convierte en la preservación del poder. El pragmatismo técnico se desecha porque el diagnóstico real puede incomodar a la jerarquía política.

 El Secuestro del Concepto de «Humanismo»

Se habla mucho de un enfoque humanista o social, pero no hay nada menos humanista que condenar a las nuevas generaciones a un rezago educativo por caprichos ideológicos, o desmantelar un sistema de salud dejando a los ciudadanos sin medicamentos. El verdadero humanismo en el servicio público no es un discurso abstracto; es la eficiencia ética. Es la utilización rigurosa, transparente y científica de los recursos del Estado para garantizar que un niño aprenda a pensar críticamente y que un ciudadano reciba una atención digna.

El progreso de una nación no se decreta ni se improvisa; se construye con instituciones sólidas, meritocracia en el servicio público y un respeto absoluto por la evidencia científica y la legalidad. Cuando la ambición de poder desplaza al conocimiento técnico, la realidad se encarga de demostrar que las buenas intenciones, sin método ni rigor, solo conducen al estancamiento institucional.

Entonces el apegarse a estándares internacionales en todos los sectores fundaméntale de un país, no es dejar de lado nuestra identidad y patriotismo, es enfrentar los retos desde nuestra nacionalidad con las capacidades que tenemos y no con las que no tenemos, esto mismo hacen todos los países. Esto es, sin duda, una de las precisiones más fundamentales y necesarias sobre lo que realmente significa la soberanía y el desarrollo en el siglo XXI. La idea de que el aislamiento técnico es sinónimo de patriotismo es el error más grave de las ideologías.

Adoptar estándares internacionales —ya sea en la evaluación educativa (como PISA), en la certificación de competencias profesionales, en la infraestructura civil o en los protocolos de salud— no es sumisión cultural; es pragmatismo inteligente. Es entender que las leyes de la física, las bases biológicas del aprendizaje y las matemáticas financieras no tienen ideología ni nacionalidad.

Mirar hacia el exterior para medirnos y adoptar las mejores prácticas del mundo es perfectamente compatible con el orgullo nacional, y lo podemos desglosar en tres vertientes clave:

El Verdadero Patriotismo de Competitividad

El patriotismo real no consiste en cerrar los ojos ante nuestras deficiencias y aplaudir el rezago con discursos chovinistas. El verdadero patriotismo radica en querer que los ciudadanos de nuestro país tengan las mismas capacidades y herramientas que los jóvenes de Singapur, Alemania o Noruega para competir en el escenario global.

• Enfrentar los retos desde nuestra nacionalidad significa aceptar nuestra realidad actual (con sus recursos, su presupuesto y su infraestructura) y utilizar esos estándares como una ruta de navegación clara para cerrar la brecha, no para ocultarla.

Los Estándares Internacionales como «Garantía de Calidad»

Cuando un país se alinea a normas internacionales (como las normas ISO en procesos, los estándares de la UNESCO en educación o los acuerdos de transparencia financiera), lo que está haciendo es implementar un blindaje técnico.

Estos estándares sirven para:

• Evitar la improvisación y las ocurrencias de la burocracia en turno.
• Garantizar que la inversión pública cumpla con criterios de eficiencia y durabilidad.
• Validar que las competencias que adquiere un estudiante o un profesional tengan valor real dentro y fuera de sus fronteras.

Ningún país que aspire al progreso diseña su propio termómetro para decir que no tiene fiebre; utiliza el termómetro universal porque lo que le interesa es curar al paciente.

Lo que Hacen los Países Exitosos

Esto es exactamente lo que hacen las naciones que han logrado dar el salto al desarrollo. Países con identidades culturales y patrióticas profundas —como Japón, Corea del Sur o los propios países nórdicos— jamás han renunciado a su historia, su lengua o su cultura por adoptar metodologías globales de vanguardia. Al contrario, utilizaron el rigor técnico internacional para potenciar sus capacidades internas, fortalecer sus instituciones y convertirse en potencias. Sostienen su soberanía sobre la base de su solidez científica, educativa y económica, no sobre la base de la retórica. Aislar al país de los estándares globales bajo el pretexto de defender la soberanía es, en realidad, condenarlo a la obsolescencia y debilitar su posición frente al mundo. La soberanía se defiende demostrando capacidad, excelencia y resultados medibles, enfrentando la realidad con la verdad técnica y el conocimiento en la mano.