Sobre la ley orgánica, el reglamento interior y la protección que dan los procedimientos
Adolfo Márquez Vera
La autonomía universitaria suele invocarse como si fuera, por sí sola, una garantía de buen gobierno. Es hora de dejar de celebrarla como un fin y empezar a medirla por sus resultados. En la Universidad Autónoma de Zacatecas conviene hacerse una pregunta incómoda: ¿de qué nos ha servido, en la práctica cotidiana, nuestra autonomía? La respuesta no se encuentra únicamente en los discursos ni en las grandes declaraciones, sino en documentos poco vistosos que casi nadie lee y de los que, sin embargo, depende que la institución funcione o se desordene.
Es común creer que la ley orgánica es el documento que puede salvar o hundir a la universidad. Si se preguntara cuántos de nuestros problemas se resuelven solo porque existe una ley orgánica, la mayoría respondería que todos. La realidad es distinta. La ley orgánica nos dice quién existe dentro de la institución y cuáles son sus facultades generales; nada más. Es, por decirlo así, el esqueleto. Quien le pone músculo a la administración es el reglamento interior, un documento que debe aprobar el Consejo Universitario y que responde a las preguntas verdaderamente fundamentales; quién hace qué, quién autoriza, quién supervisa, quién controla y quién responde.
Ahí aparece el fantasma de la ópera institucional. La ley orgánica apenas menciona a la Rectoría y a instancias como la Secretaría General, la Académica o la Administrativa, pero el poder real de esas oficinas no está en su nombre; está en lo que el reglamento interior les permite y les exige. Y todavía hay un escalón más técnico, el de los manuales de procedimientos (ausentes por cierto), porque una cosa es tener facultades y otra muy distinta saber cómo ejercerlas.
Los procedimientos son los que dicen cómo se contrata al personal y cómo se da de baja a un trabajador; cómo se compra un vehículo y cómo se controla el combustible; cómo se registra un bien adquirido y cómo se hace un inventario. Cuando no existen, comienza la improvisación, y con ella el control empieza a tener problemas. Sin reglas hay ocurrencias, confusión, discrecionalidad y riesgo. Es la institución donde todo se resuelve con llamadas telefónicas, con instrucciones verbales, sin que nadie sepa quién autorizó ni cuándo se supervisará, y donde cada quien traslada la responsabilidad a otro.
Cuando, en cambio, existen reglas del juego, reglamento y procedimientos, ocurre algo completamente distinto. Las decisiones dejan huella; los procedimientos generan evidencia; la evidencia genera control; y el control protege a la administración. Hay nombre y apellido para cada acto. Esto puede incomodar a más de un funcionario, pero conviene decirlo con claridad; la protección no está en la confianza del rector ni en el organigrama. La protección está en el procedimiento y en el respeto a lo que establecen el reglamento y el manual.
Por eso, muchos de los problemas que afloran al final de una administración no nacieron en una sesión del Consejo Universitario, ni en una auditoría, ni en una denuncia. Nacieron antes, en un reglamento mal diseñado que nadie quiso revisar o que a nadie le importó revisar. Cuando las reglas son claras, la administración funciona y funciona bien. Cuando desaparecen, se deja de administrar y se comienza a improvisar; cuando todos se echan la bolita, el resultado es el caos, y el caos, además, sale mucho más caro.
Esa es la pregunta de fondo para la comunidad universitaria, y es también una exigencia para el Consejo Universitario, que es quien debe aprobar el reglamento interior. Un reglamento que no se revisa, que no se actualiza o que se aprueba sin analizar quién autoriza, quién supervisa y quién responde, no es neutral; es una decisión de dejar la administración al criterio de quien ocupe el cargo en turno.
La autonomía no vale por el derecho de gobernarnos a nosotros mismos, sino por la responsabilidad de hacerlo con reglas que se cumplan. Una universidad autónoma que no revisa su reglamento interior ni documenta sus procedimientos ejerce la autonomía a medias; conserva la facultad de decidir, pero renuncia a la capacidad de rendir cuentas. Por eso conviene que el Consejo Universitario revise, actualice y haga cumplir esos instrumentos antes de que el problema llegue a la auditoría o a la denuncia, cuando ya sale mucho más caro. Esa es, en concreto, la forma de darle sentido a la autonomía.

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