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Por: Adolfo Márquez Vera

Nos pasamos la vida diciendo «después», y las instituciones también. Después revisaremos las pensiones, después ordenaremos la nómina, después saldaremos con la seguridad social, después pediremos apoyo, después hablaremos de las cuotas; después, cuando haya presupuesto, cuando cambie la administración, cuando la Federación nos escuche. Hablamos como si en alguna parte existiera una universidad esperándonos, intacta y paciente, lista para ser arreglada cuando todos estuvieran de acuerdo y nadie saliera lastimado.

Pero esa universidad no existe. La deuda no espera. En su primer informe, el rector Ángel Román Gutiérrez reconoció que la Universidad Autónoma de Zacatecas atraviesa una de las crisis financieras más complejas de su historia y que no puede resolverla por sí sola. Hoy siguen pendientes las primas de antiguedad y el aguinaldo; los salarios de noviembre y diciembre se describen como prioridad, no como garantía; el apoyo extraordinario que antes llegaba dejó de entregarse; y el sindicato académico ya presentó un emplazamiento a huelga que podría estallar en febrero.

Pero lo que se ha dicho es apenas una parte de la historia. La rectoría ha ofrecido información, sí; reconoce la crisis, la atribuye a decisiones acumuladas de administraciones anteriores y anuncia una reforma integral que, según su propia aclaración, no resolverá el déficit inmediato. Sin embargo, en los recorridos por las unidades académicas, las cifras presentadas no coinciden entre sí, y quien intenta armar el cuadro completo se topa con piezas que no encajan. Información incompleta e inconsistente no informa; desorienta. La comunidad universitaria, a la que se le pide paciencia, sacrificio y confianza, sigue sin una explicación clara y coherente de cuánto se debe, a quién, por qué conceptos y con qué calendario piensa pagarse. Contar la mitad del problema no es transparencia; es una manera elegante de seguir aplazando la otra mitad.

Mientras hacíamos planes para empezar a resolverlo, el problema se hizo grande, las pensiones y jubilaciones se acumularon como una factura que nadie quiso abrir; la nómina creció más rápido que el subsidio; la inflación se comió el presupuesto.

Hasta el rector de la UNAM advierte que diez universidades públicas, entre ellas la de Zacatecas, enfrentan crisis por problemas laborales y adeudos con las instituciones de seguridad social acumulados durante años. Aquello que llamábamos «mientras tanto» era la crisis, y la estuvimos alimentando.

Jaime Gil de Biedma escribió que la vida iba en serio, y que uno empieza a comprenderlo más tarde. A las universidades les pasa igual. Qué terrible es comprenderlo tarde, porque habrá un último momento en que todavía podamos elegir cómo resolver esto, y no sabremos que es el último. Después, la salida dejará de ser una decisión nuestra, y nosotros estaremos allí, quizá ocupados en señalar de quién fue la culpa.

Lo que ha faltado, en el fondo, no son solo recursos; es ética pública. Hemos olvidado actuar con ella. Una universidad pública no es propiedad de quien la dirige, ni de quien la sindicaliza, ni de quien la financia; es un bien que se recibe de quienes la sostuvieron y se entrega a quienes vendrán. Prometer prestaciones sin respaldo es endeudar a los que aún no han llegado. Presentar cifras que no concuerdan entre sí es faltar al deber elemental de rendir cuentas con claridad. Y llamar «prudencia» a esperar a que otro mueva primero es, con frecuencia, simple comodidad. La honestidad sobre lo que se debe, la coherencia en lo que se informa, la responsabilidad sobre lo que se prometió y la justicia hacia quien menos decidió no son adornos del discurso; son las condiciones mínimas para que cualquier solución merezca ese nombre.

Desde esa ética, a cada quien le toca algo distinto. A la rectoría le corresponde mover primero, porque es quien tiene la información y quien pidió la confianza de la comunidad; publicar ingresos, gastos, plantilla y prestaciones con cifras únicas y verificables, y presentar un plan con cifras y plazos, no solo una reforma que, como el propio rector aclaró, no resuelve el déficit inmediato. Al sindicato, cuya huelga es una herramienta legítima, le toca entender que defender derechos también incluye sentarse a diseñar cómo se financian. A los gobiernos estatal y federal les toca dejar de condicionar su apoyo sin ofrecer a cambio un calendario y un compromiso; si el hueco se acumuló durante años, no se cierra con exigencias de un solo lado. Y a quienes piden la salida del rector, exigir cuentas es legítimo, pero cambiar el rostro de la dirección sin cambiar la forma de decidir no cambia la aritmética.

Quienes menos decidieron son quienes más corren el riesgo de pagar. Los estudiantes, muchos de ellos jóvenes de municipios rurales, no firmaron ningún contrato colectivo ni aprobaron ninguna plantilla. Que la salida pase por trasladarles el costo a través de cuotas más altas sería una injusticia, y sería además la confesión de que, una vez más, preferimos cobrar a los de abajo antes que enfrentar a los de arriba.

Enfrentar el problema no es una consigna; es una lista corta de tareas. Publicar, unidad por unidad, cuánto ingresa y cuánto se gasta. Revisar con honestidad lo que se pactó sin sustento. Sentar en una misma mesa a la rectoría, los sindicatos, el gobierno estatal y la Federación, con calendario y compromisos. Nada de esto es novedoso; su único defecto es que incomoda a todos, y por eso se ha dejado para después. Revisar el sistema de pensiones, que la Federación plantea como condición y que se prevé discutir en noviembre mediante un fideicomiso, duele, y no debe hacerse a golpes ni a costa de derechos adquiridos. Pero postergarlo duele más. Con cálculos actuariales públicos, con los trabajadores en la mesa y con una aportación clara de la universidad, del Estado y de la Federación, puede hacerse bien. Pasado mañana será más caro.

No dejemos la universidad para cuando sea cómodo hacer lo correcto. Digamos cuánto se debe, perdonemos si podemos lo que se hizo mal, empecemos aunque tengamos miedo. La universidad es esto; estos estudiantes, estos maestros, estas aulas, este futuro. Y mientras esperamos el momento adecuado para salvarla, la universidad está pasando por todo esto. Lo único que de verdad les debemos a quienes llegarán después es no dejarles como herencia, la factura de nuestros aplazamientos.