Saúl Monreal Ávila
Hay indignaciones que estallan de inmediato y otras que parecen condenadas al silencio, la caída y posterior decapitación de la estatua de Felipe Calderón provocó reacciones airadas entre algunos comentaristas y columnistas de derecha, quienes calificaron el hecho como excesivo, violento e inadmisible; sin embargo, frente a ese escándalo, vale la pena recordar una herida social que permanece abierta, la arbitraria extinción de Luz y Fuerza del Centro, decretada por el expresidente panista el 11 de octubre de 2009.
Aquel día no desapareció solamente un organismo público, detrás de una decisión gubernamental quedaron miles de trabajadores, familias enteras y una comunidad laboral con historia, identidad y derechos. La medida afectó a más de 44 mil trabajadores sindicalizados y dejó profundas consecuencias económicas y sociales para quienes perdieron su fuente de ingresos, sus proyectos de vida y la estabilidad construida durante años de esfuerzo.
El gobierno de Felipe Calderón justificó la extinción mediante argumentos financieros y administrativos, sin embargo, ninguna explicación económica puede borrar el costo humano de una decisión pública ni convertir el sufrimiento de miles de familias en una simple cifra presupuestaria. La discusión nunca debió limitarse a cuánto costaba una institución, sino también a qué significaba para las personas que dependían de ella.
Esa es una de las expresiones más crueles del neoliberalismo poner el dinero por encima de la dignidad humana, tratar el empleo como una mercancía y considerar que los derechos laborales son obstáculos para la eficiencia. Bajo esa lógica, para ellos los trabajadores fueron desechables cuando sus necesidades dejan de encajar en los cálculos del poder.
Por eso resulta inevitable cuestionar la doble vara de quienes muestran una sensibilidad extraordinaria ante el daño sufrido a una estatua, pero minimizan las consecuencias humanas de decisiones que dejaron a miles de familias en la incertidumbre, se necesita que la empatía también alcance a las personas, a sus derechos y a sus luchas históricas.
La historia no terminó en 2009. En 2022, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador estableció un mecanismo de compensación vitalicia por justicia social para determinados extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro que cumplían requisitos específicos. Aquella medida representó un reconocimiento institucional de que existía una deuda social con parte de quienes habían quedado desprotegidos.
La Cuarta Transformación reivindica una concepción distinta del Estado: una en la que el bienestar, la justicia social y la dignidad de las personas deben ocupar un lugar central. Esto implica fortalecer los derechos laborales, ampliar la protección social y garantizar que ninguna decisión económica ignore las consecuencias que tiene sobre las familias mexicanas.
A diecisiete años de aquella extinción, recordar es también defender el presente y el futuro. Ningún trabajador debe ser tratado como una cifra descartable, ni ninguna causa social debe desaparecer de la conversación pública porque incomode a los poderosos.
Nunca más un México que considere desechables a quienes viven de su trabajo, la transformación verdadera exige memoria, solidaridad y justicia y en eso trabajamos diariamente.
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