Saúl Monreal Ávila
En los últimos años, y particularmente a partir de diversos episodios que han ocupado la atención pública, ha comenzado a emerger con mayor claridad la inquietud legítima para el Estado mexicano sobre la posibilidad de que agencias o dependencias estadounidenses hayan desarrollado actividades de inteligencia, seguimiento, colaboración operativa o incluso acciones de naturaleza encubierta en territorio nacional. No se trata de alimentar teorías conspirativas ni de convertir un asunto delicado en bandera de activismo político; se trata, más bien, de asumir con responsabilidad institucional que la relación bilateral con Estados Unidos exige reglas transparentes, comunicación efectiva y respeto irrestricto al orden jurídico mexicano.
La cooperación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad es indispensable, ambas naciones enfrentan amenazas comunes derivadas del crimen organizado transnacional, el tráfico de armas, el narcotráfico y otras formas de delincuencia que no reconocen fronteras; sin embargo, precisamente por la profundidad de esa colaboración, resulta aún más necesario que cualquier participación de agencias extranjeras se realice dentro de los cauces legales, con pleno conocimiento de las autoridades mexicanas y bajo mecanismos de coordinación verificables.
Poco a poco, y muchas veces de manera discreta, han salido a la luz casos que sugieren la existencia de operaciones, intervenciones o actividades de inteligencia vinculadas con agencias estadounidenses, el caso del “Mayo” Zambada, las solicitudes de aprehensión sin enviar las pruebas necesarias sobre el Gobernador Rocha Moya y algunos colaboradores, el caso de los agentes de la CIA en Chihuahua, el contexto de las declaraciones del ex embajador Ken Salazar de las cuales luego rectificó. Algunos casos permanecen en el terreno de la investigación, otros han sido objeto de controversia diplomática y varios más continúan rodeados de opacidad. Pero el hecho de que estos episodios generen dudas razonables debe ser suficiente para que México fortalezca su capacidad de supervisión institucional y defina con mayor precisión los límites de la actuación extranjera en su territorio.
No es una postura simplona invocar conceptos como soberanía, independencia o derecho internacional, por el contrario, son principios fundamentales sobre los cuales descansa la convivencia entre Estados modernos. Para la derecha y los detractores del gobierno, la soberanía ya queda en segundo término, claro, qué podemos esperar. Si ellos en la larga noche neoliberal, se dedicaban a entregar el país, por dinero, por negocios, allá ellos; pero no, defender la soberanía no significa rechazar la cooperación internacional, sino establecer que toda colaboración debe darse en condiciones de igualdad, legalidad y respeto mutuo. México no puede permitir zonas grises en las que agencias extranjeras actúen sin claridad sobre sus facultades, objetivos y mecanismos de comunicación con las instituciones nacionales.
En este contexto, el respaldo del Estado mexicano debe dirigirse, sin ambigüedades, hacia sus propias instituciones y hacia la conducción diplomática de nuestra presidenta de México, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo. En momentos complejos, marcados por tensiones bilaterales y desafíos en materia de seguridad, la presidenta ha demostrado firmeza, prudencia y capacidad de interlocución. Ha enfrentado situaciones adversas con la responsabilidad que exige representar a una nación soberana, privilegiando siempre el diálogo, la cooperación y la defensa de los intereses nacionales.
Deja un comentario