Saúl Monreal Ávila
Durante décadas, en México se habló de la educación como prioridad nacional, pero con demasiada frecuencia esa prioridad quedó limitada al discurso. Hoy, los hechos permiten afirmar que nuestro país vive una transformación profunda y estructural del sistema educativo, sustentada en dos pilares fundamentales: la inversión sin precedentes en infraestructura escolar y el reconocimiento constitucional del derecho de las y los estudiantes a recibir becas para continuar sus estudios.
Con el liderazgo del presidente Andrés Manuel López Obrador, México emprendió una política educativa centrada en la justicia social. A través del programa La Escuela es Nuestra, más de 172 mil planteles públicos recibieron recursos directos para mejorar aulas, sanitarios, techumbres, mobiliario y espacios de aprendizaje. Esta estrategia permitió atender prácticamente la totalidad de las escuelas públicas de educación básica del país, con decisiones tomadas por madres, padres y comunidades escolares, sin intermediarios y con plena transparencia.
Los datos oficiales muestran que durante el sexenio 2018–2024 se invirtieron más de 228 mil millones de pesos en infraestructura educativa, superando ampliamente los montos registrados en administraciones anteriores. Mientras en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa se destinaron alrededor de 83 mil millones de pesos y en el de Enrique Peña Nieto cerca de 182 mil millones, la Cuarta Transformación elevó la inversión a niveles históricos.
A esta visión se suma la decisión de convertir las becas educativas en un auténtico instrumento de igualdad. Programas como la Beca Universal Benito Juárez han beneficiado a millones de estudiantes de educación media superior y superior, reduciendo la deserción escolar y ampliando las oportunidades para jóvenes de todo el país.
Bajo la conducción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, esta política no sólo continúa, sino que se profundiza. Su gobierno ha anunciado una meta de 350 mil millones de pesos para infraestructura educativa durante el sexenio, así como el fortalecimiento de los programas de becas y la ampliación de la cobertura en bachillerato y universidad.
La educación dejó de ser una promesa para convertirse en una política de Estado con respaldo constitucional. La Cuarta Transformación entendió que invertir en escuelas y apoyar a las y los estudiantes no es un gasto: es la decisión más estratégica para construir un México más justo, más próspero y con igualdad de oportunidades para todas y todos.
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