Saúl Monreal Ávila
Amigas y amigos que nos siguen aquí en este espacio de opinión, les saluda su amigos Saúl Monreal Ávila, la aprobación del Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029 de la Fiscalía General de la República representa una decisión de Estado que debe entenderse en toda su dimensión, no estamos frente a un documento técnico más ni ante una simple actualización administrativa, lo que se ha respaldado es una nueva visión para fortalecer la procuración de justicia en México con objetivos claros, prioridades definidas y una ruta institucional orientada a resultados.
Durante demasiado tiempo, el país padeció un sistema de procuración de justicia marcado por la lentitud, la dispersión, la opacidad y la impunidad. La distancia entre la denuncia y la justicia se volvió, para millones de personas, una expresión cotidiana de abandono institucional. Esa realidad no podía seguir normalizándose. Era indispensable construir un nuevo modelo que colocara en el centro la eficacia del Estado, la dignidad de las víctimas y la obligación de investigar con rigor.
El Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029 parte precisamente de esa necesidad. Su relevancia radica en que abandona la lógica reactiva que durante años debilitó la capacidad institucional y apuesta por una Fiscalía con mayor inteligencia, mejor coordinación y herramientas reales para investigar, judicializar y sancionar.
La transformación de la procuración de justicia exige mucho más que voluntad política. Exige método, capacidad técnica y disciplina institucional. Por ello, este plan establece una ruta sustentada en evidencia, análisis criminal, fortalecimiento operativo y rendición de cuentas. No se trata únicamente de perseguir delitos, sino de hacerlo con mayor precisión, mayor eficacia y mayor responsabilidad pública.
Uno de los mayores aciertos de este instrumento es reconocer que la justicia no puede medirse únicamente por el número de expedientes abiertos, sino por la capacidad real del Estado para esclarecer hechos, sancionar responsables y reparar a las víctimas. Esa diferencia es fundamental. Durante años se confundió volumen con resultados. Hoy se plantea una lógica distinta: menos simulación y más efectividad.
También es relevante que esta estrategia asuma como prioridad los delitos que más lastiman a la sociedad: aquellos que lesionan la integridad, la seguridad y la tranquilidad de las familias mexicanas. Atender con mayor precisión los delitos de alto impacto no sólo fortalece la capacidad del Estado, también envía un mensaje claro de seriedad institucional.
México necesita una procuración de justicia más profesional, más humana y más eficaz. Ese es el sentido de esta nueva etapa. Fortalecer a la Fiscalía no significa ampliar poder sin control, sino dotar al Estado de mejores capacidades para cumplir una de sus responsabilidades más elementales que es garantizar justicia.
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