MiriamSerranoNoticias

La Bancada de Movimiento Ciudadano, integrada por las diputadas y diputados Ana María Romo Fonseca y Marco Vinicio Flores Guerrero, presentó un Punto de Acuerdo para exhortar al Gobierno Federal a implementar acciones urgentes que permitan estabilizar el precio de la tortilla y garantizar la seguridad alimentaria de las familias mexicanas.

Durante la lectura del documento en tribuna, la diputada Ana María Romo Fonseca alzó la voz para advertir que el posible incremento en el precio de la tortilla —estimado entre 2 y 4 pesos por kilogramo— representa una amenaza directa para la economía de millones de hogares, especialmente aquellos en situación de vulnerabilidad. “No estamos hablando de un producto cualquiera, hablamos del alimento más importante en la mesa de las y los mexicanos, un símbolo de nuestra identidad, pero también un pilar de la subsistencia diaria”, expresó.

La legisladora subrayó que el impacto de este aumento no es menor. En México, más del 90% de la población consume tortilla de manera regular, y su adquisición representa cerca del 6.9% del gasto alimentario de las familias. En Zacatecas, el precio actual oscila entre los 22 y 24 pesos por kilogramo, lo que ya refleja una presión constante sobre el bolsillo de la ciudadanía.

Enfatizó que la solución no puede recaer únicamente en el consumidor final. “El Estado tiene la responsabilidad de actuar, de mediar, de proteger. La seguridad alimentaria no puede depender de las fluctuaciones del mercado, sino de decisiones firmes y políticas públicas sensibles”, afirmó.

Asimismo, evidenció la falta de mecanismos efectivos para garantizar el acceso a servicios de apoyo al sector productivo, destacando la ausencia de diálogo entre autoridades y productores de la masa y la tortilla. “Hoy existe una brecha entre lo que se dice desde el poder y lo que viven quienes producen. Es urgente escuchar, entender y actuar”, sostuvo.

Como parte de la propuesta impulsada por la Bancada Naranja, se plantea la instalación de una mesa de diálogo nacional entre la Secretaría de Economía, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) y los representantes del sector, con el objetivo de analizar los costos reales de producción y evitar incrementos arbitrarios .

Además, se propone evaluar la implementación de subsidios focalizados y apoyos técnicos para pequeños y medianos productores, con el fin de absorber el aumento en los costos sin trasladarlo a las familias mexicanas. “Se trata de construir soluciones integrales, de pensar en la gente, en quienes todos los días hacen rendir cada peso para llevar alimento a su hogar”, destacó.