Frente a una realidad que duele, indigna y no puede seguir siendo ignorada, la diputada Ana María Romo Fonseca presentó una iniciativa contundente para reformar el Código Penal del Estado de Zacatecas, con el objetivo de castigar con mayor severidad los delitos sexuales cometidos contra niñas, niños y adolescentes dentro de instituciones educativas, así como sancionar la omisión de autoridades escolares que no denuncien estos hechos.
Desde la tribuna de la Honorable Sexagésima Quinta Legislatura, la legisladora de Movimiento Ciudadano dejó claro que la protección de la infancia no admite matices ni simulaciones. “Las escuelas deben ser espacios seguros, no lugares donde se vulneren los derechos más fundamentales de nuestras niñas y niños”, sostiene la propuesta.
La iniciativa plantea agravar hasta en una mitad más las penas por el delito de violación cuando este sea cometido en una institución educativa pública o privada. Actualmente, este delito contempla sanciones de 10 a 30 años de prisión; sin embargo, con esta reforma, se busca endurecer las consecuencias legales cuando el entorno escolar, que debería garantizar protección, se convierte en un espacio de riesgo.
Además, la propuesta establece sanciones económicas para el personal educativo que, teniendo conocimiento de casos de abuso sexual, acoso o violación, no los denuncie ante las autoridades en un plazo máximo de 48 horas. En los casos donde esta omisión derive en revictimización o encubrimiento, la pena podría incrementarse hasta en una mitad más, marcando un precedente firme contra la negligencia institucional.
La diputada Ana María Romo enfatiza que esta iniciativa no solo responde a una necesidad jurídica, sino a una exigencia social urgente. En los últimos años, diversos casos de abuso sexual en escuelas han salido a la luz a través de medios de comunicación y redes sociales, evidenciando vacíos legales y fallas en los mecanismos de protección.
“Mi escuela es mi segunda casa, pero mi casa es mi primera escuela”, señala la legisladora al retomar una reflexión que subraya la responsabilidad compartida entre familias, sociedad y Estado para garantizar entornos seguros. No obstante, advierte que cuando la confianza se rompe dentro de las instituciones educativas, el daño es profundo y estructural.
Esta propuesta busca cerrar brechas legales, fortalecer la cultura de la denuncia y, sobre todo, enviar un mensaje claro: en Zacatecas no habrá tolerancia frente a los delitos que atenten contra la integridad de la niñez.
Con esta iniciativa, Ana María Romo reafirma su compromiso de legislar con firmeza, sensibilidad y responsabilidad, colocando en el centro de la agenda pública la protección de quienes más lo necesitan. Porque defender a la infancia no es una opción, es una obligación.
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