Diego Varela de León
Sin duda vivimos en un mundo de constantes cambios en todos los aspectos de la cotidianidad, tanto en la reconstrucción de las relaciones sociales, económicas, religiosas, las transformaciones culturales y políticas, así como la velocidad de los cambios tecnológicos que plantean nuevos problemas de comprensión y relevancia criminológica y por supuesto que el tema de la seguridad priva en todas las agendas del orbe como una de las principales demandas de la ciudadanía de cualquier punto geográfico como una prioridad en la cotidianidad, y en este orden de ideas la criminología del siglo XXI no puede, ni debe, seguir operando con el mismo concepto de delito y las penas que se vienen manejando por la doctrina tradicional desde hace varios lustros, pues los cambios acuciosos que demandan estos tiempos de modernidad, exigen nuevos conceptos y cambios de paradigmas de los modelos que por décadas han imperado en una visión de política criminal que en mucho se ha orientado solo al plexo jurídico, dejando las causas y factores como secundarios en su atención, pero para nuestra buena fortuna en el actual gobierno federal aparejado con los estatales y municipales una de las principales estrategias es la de atender las causas.
Una doctrina muy propia del neoliberalismo de la política criminal donde hasta el propio nombre de política criminal suena antagónico a lo que realmente debiera de perseguir en una lógica más acorde a nuestra época y que va implícitamente ligada al discurso del riesgo, entendido como un estado intermedio ante la seguridad y la destrucción, donde la percepción de riesgos y amenazas determina el pensamiento y la acción, como ejemplo de lo antes señalado y haciendo un poco de memoria inmediata para no irnos a los anales de la historia y solo para esclarecer la idea en lo antes asentado, es la fallida guerra contra el narco iniciada por Felipe calderón y seguida por peña nieto, precisamente como parte de una política criminal implementada por el Estado, que no para disminuir y menos abatir, sino apalear una grave situación de inseguridad que privaba en esos tiempos y que es parte de lo que venimos arrastrando en nuestros días, en esas ideas de neoliberalismo que no escapan a la política criminal que es obligación del propio estado implementar y no en la idea de acabar, sino por lo menos de reducir y controlar los índices de inseguridad.
Sin temor a la equivocación el conocimiento científico sobre las distintas teorías criminológicas y ciencias afines en la investigación de los modos y formas que toma el delito desde su génesis, dinámicas y variables más significativas es el principal presupuesto de la prevención y la intervención, pues solo si somos capaces de comprender el delito y situarnos en el lugar de quien delinque seremos capaces de anticiparnos al mismo, de prevenirlo, neutralizándolo con programas, estrategias y tácticas asentados en una política social afianzada sobre una sólida política criminológica.
La política criminológica como eje de la prevención y la seguridad orientada a un nuevo paradigma real y no de doblez, deberá de abarcar entre sus haberes una décima básica de actuación donde en primer lugar prive la prevención temprana y seguridad permanente, en segundo término la explicación científica (comprensión), en tercer lugar el diagnostico, en cuarto lugar la interpretación del diagnóstico, en quinto lugar desarrollar el o los programas derivados de la interpretación, en sexto lugar la implementación o intervención, en séptimo lugar el seguimiento, en octavo lugar la evaluación, en noveno la medición de los indicadores, en décimo lugar la atención especializada que durante las intervenciones se detecten, y este ciclo se vuelve a iniciar cada vez que se tenga una población especifica de intervención ya que tanto los espacios geográficos, los usos y las costumbres de cada grupo social varían de acuerdo a la región, condición social y económica donde se estimen las intervenciones criminológicas.
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