Ciudad de México.- Frente a medios de comunicación, el diputado federal Ulises Mejía Haro informó sobre la aprobación del dictamen que reforma diversas disposiciones del Código Penal Federal en materia de despojo, una medida que busca frenar los abusos patrimoniales que cada año afectan a miles de familias en todo el país. Explicó que esta actualización legal responde a la creciente preocupación por la vulnerabilidad en la que se encuentran personas adultas mayores, personas con discapacidad y sectores que, por diversas circunstancias, no cuentan con mecanismos efectivos de defensa frente a quienes intentan despojarlos de sus bienes.
Durante su mensaje, el legislador señaló que el despojo es uno de los delitos patrimoniales con mayor incidencia y, al mismo tiempo, uno de los que registra niveles más altos de impunidad.
Subrayó que “muchas veces este delito se comete aprovechándose de la confianza, de la soledad o de la vulnerabilidad de las personas adultas mayores”, y que la respuesta institucional por años no había sido suficiente para detener estos abusos. A ello se suma que, en distintos casos, personas servidoras públicas han participado directa o indirectamente en actos de despojo, generando un daño doble: al patrimonio de las víctimas y a la confianza en las instituciones.
Mejía Haro explicó que, con la reforma aprobada, se incrementa la pena del delito de despojo a un rango de seis a diez años de prisión y se eleva la multa hasta dos mil Unidades de Medida y Actualización. Además, se establecen agravantes cuando este delito se comete contra personas adultas mayores, personas con discapacidad o personas en situación de vulnerabilidad. También destacó que, por primera vez, se incorpora una agravante directa cuando el despojo lo comete una servidora o un servidor público, lo que aumentará la sanción hasta en una mitad.
Al respecto, afirmó que “la ley tiene que ser más firme cuando quien abusa es alguien que debería proteger a la ciudadanía”.
El diputado señaló que esta reforma fortalecerá la protección del patrimonio familiar, reducirá espacios de impunidad y ofrecerá mayor claridad jurídica para aplicar correctamente las sanciones. Recordó que el dictamen subraya que estas medidas son necesarias para disminuir la reincidencia en delitos patrimoniales, y que “nadie debe perder lo que ha construido durante toda una vida por culpa de engaños, amenazas o abusos de poder”.
Finalmente, Ulises Mejía Haro afirmó que desde el Congreso se seguirá trabajando para garantizar justicia y proteger los bienes de las familias mexicanas.
“Nuestro compromiso es cuidar a quienes más lo necesitan y fortalecer el estado de derecho”, expresó, reiterando que seguirá legislando con responsabilidad y con la convicción de que “el trabajo todo lo vence”.
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