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Tras una detención preventiva sin juicio que duró casi 20 años, Israel Vallarta Cisneros fue liberado, la jueza Mariana Vieyra, titular del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en Toluca, este jueves 31 de julio dictó sentencia absolutoria a favor de Vallarta Cisneros, tras concluir que no se acreditó su responsabilidad penal por los delitos de secuestro, delincuencia organizada, posesión de armas de uso exclusivo del Ejército y privación ilegal de la libertad.
Su salida del penal de máxima seguridad El Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, ocurrió la mañana de este viernes, tras permanecer encarcelado desde diciembre de 2005 sin recibir una condena firme.
Antecedentes:
Vallarta Cisneros fue arrestado, junto a su entonces pareja sentimental, la ciudadana francesa a quien era su pareja sentimental, la francesa Florence Cassez, en el rancho “Las Chinitas”, sobre la carretera México‑Cuernavaca el 8 de diciembre de 2005, durante un operativo difundido en televisión nacional como “en vivo”, pero que luego se revelaría como un montaje elaborado por la Agencia Federal de Investigación (AFI), bajo la dirección de Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino.
En 2013, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó la liberación inmediata de Florence Cassez por violaciones graves al debido proceso pero Vallarta Cisneros permaneció en prisión otros 12 años más, sin sentencia ni juicio definitivo.
Durante ese tiempo, su defensa denunció torturas sistemáticas y graves afectaciones en su salud, incluyendo artrosis, sordera, ansiedad e insomnio. El Comité contra la Tortura de la ONU calificó su caso como una claro ejemplo de detención arbitraria y recomendó medidas urgentes para su atención médica y posible detención domiciliaria.
Israel Vallarta fue la clara muestra de lo que sucede en México, prisión preventiva excesiva, el uso de pruebas contaminadas y la fabricación mediática de culpables; las autoridades federales, incluida la Secretaría de Gobernación (SEGOB), reconocieron públicamente la existencia de irregularidades. En junio de 2025, un tribunal colegiado ordenó revisar la prisión preventiva colectiva basada en los señalamientos de tortura y el prolongado encarcelamiento indefinido.
La Fiscalía General de la República (FGR), insistió y en este año solicitó una pena de 329 años de prisión contra Vallarta, pese a que las pruebas presentadas no lograron sostener los cargos. Finalmente, el tribunal dictaminó que no existía evidencia convincente que acreditara su participación en los hechos imputados, lo que llevó a la sentencia absolutoria.
Ante los hechos, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó que Vallarta tiene derecho a solicitar reparación del daño y responsabilizó al gobierno del expresidente Felipe Calderón, así como al exsecretario Genaro García Luna, hoy preso en EE.UU., por haber implementado el montaje mediático que encubrió graves violaciones al debido proceso.
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