Ciudad de Zacatecas, 25 de julio de 2025
El reconocimiento en México de que las niñas y las mujeres tienen el derecho a tener acceso a vivir una vida libre de violencia se hizo en 2007 a través de varias reformas a las leyes vigentes y la emisión de la Ley General de Acceso de las Mujeres a Vivir una Vida Libre de Violencia y en el estado en 2009 con la Ley de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia para el Estado de Zacatecas. Desde esa fecha, la Universidad Autónoma de Zacatecas estuvo obligada a armonizar las normas que rigen a la universidad en la materia, sin embargo, esto no sucedió ni tampoco creó protocolos de prevención, atención y sanción que atiendan la violencia sexual y de género. Esta deuda con la comunidad universitaria tiene al menos 18 años.
Ante ello, ¿qué ha quedado a las niñas, jóvenes y mujeres universitarias? Las opciones que han seguido ante agresiones sufridas han sido cuatro. La primera, presentar quejas ante las instancias internas de la UAZ (que ante la inexistencia de protocolos terminan en revictimización, violencia social, persecución por parte de quienes deben garantizar sus derechos o bien la promoción de acuerdos con quienes las agredieron). La segunda, presentar denuncias ante instancias externas a la institución, ya sea en la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ) o bien ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos Zacatecas (CEDHZ) -que muchas veces la UAZ no ha atendido a cabalidad, véanse las recomendaciones recientes 02/2024, 05/2024, 09/2024, 08/2023-. La tercera opción ha sido la denuncia pública a través de los tendederos físicos y/o digitales principalmente el 8 de marzo, 8M. Muchas estudiantes usan esta ruta por miedo y por no tener confianza en las autoridades para presentar una queja y/o denuncia. Y, por último, la tercera opción ha sido guardar silencio ante el miedo a la revictimización, la violencia simbólica y social y las repercusiones laborales o académicas, pues muchas de ellas prefieren no tener conflictos en su espacio laboral, mientras que para las alumnas la meta a alcanzar es graduarse.
El primer paso para avanzar es el reconocimiento de que las universidades son espacios jerárquicos en donde las relaciones entre estudiantes, profesores y autoridades están atravesadas por relaciones de poder. Estas relaciones asimétricas entre docentes y alumnas, además, se entremezclan con otras características que determinan la imposibilidad de denunciar: contar con recursos económicos, conocer sus derechos humanos, el grado de (des)confianza en las autoridades, la edad, entre otros.
Ante este escenario, exigimos no minimizar las denuncias públicas, si bien el debido proceso llama a que existan quejas y/o denuncias, lo cierto es que las autoridades de la UAZ no han generado la confianza suficiente para que quienes quieran presentar sus quejas lo hagan, mientras que quienes las han presentado han visto cómo la impunidad ha sido la constante. Las universitarias necesitamos garantías: de escucha, de no revictimización, de no impunidad para los agresores, de no repetición de los hechos y de apego irrestricto a salvaguardar los derechos humanos, sin importar grupos políticos.
El rector electo, Dr. Ángel Román Gutiérrez, tiene la oportunidad de no sólo de implementar protocolos de prevención, atención y erradicación de la violencia sexual y de género en la institución, sino también de homologar la normativa de la UAZ para garantizar que las niñas y mujeres universitarias realmente tengamos acceso a una vida libre de violencia, sin mencionar que urge la transversalización de la perspectiva de género en el quehacer de la Universidad.
Docentes Feministas.
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