“VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD”

DRA. YOLANDA ZAMORA RAMÍREZ

          El Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria del año 2023, emitido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos realiza la detección de necesidades y áreas de oportunidad en los centros penitenciarios tanto estatales como federales arroja las siguientes incidencias y áreas de oportunidad:
 
Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad.
Deficiente separación entre procesados y sentenciados.
Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las personas privadas de la libertad.
Insuficiencia de personal de seguridad y custodia.
Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los derechos humanos.
Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación voluntaria
Inadecuada organización y registros para el cumplimiento del plan de actividades
Deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones disciplinarias.
Deficiencias en los servicios de salud.
Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento del centro.
Sobrepoblación.
Ejercicio de funciones de autoridad por parte de personas privadas de la libertad. autogobierno/cogobierno.
Deficiencias en la atención a mujeres y/o menores que viven con ellas.
Deficiencia en la atención a personas adultas mayores
Deficiencias en la atención a personas indígenas.
Deficiencias en la atención a personas con discapacidad.
Deficiencias en la atención a personas que viven con VIH o SIDA.
Deficiencias en la atención a población LGBTTTIQ+.

Se recomendó de parte de la CNDH que en los centros federales no cuentan con medios confidenciales para la recepción de quejas o peticiones, por lo que, se propuso la colocación de buzones cerrados para la interposición de estas, los cuales serán colocados y manejados por personal de la CNDH en la región de que se trate o bien, de las y los visitadores adjuntos que se designen para tal efecto por parte de ese Organismo. Teniendo la exclusiva responsabilidad de su apertura y toma de las quejas en el caso de los buzones, personal asignado para tal efecto por parte del mismo Organismo Nacional.

Además de lo anterior se debe realizar un análisis de la normatividad interna que permita establecer, si se cuenta con ordenamientos actualizados para la prevención y atención de incidentes violentos, en caso de no contar con estos o no estar actualizados, se deberán crear las acciones en conjunto con las autoridades correspondientes en la materia para su elaboración o actualización que prevea una prevención y atención integral no solo de las medidas de seguridad, sino incluso, a la importancia de la atención y bienestar de la salud mental de las personas internas.

La propuesta incluye hacer un análisis de fondo respecto de la imposición de medidas disciplinarias al interior de los centros, cuando existan incidentes violentos, debiendo diseñar un protocolo de actuación que contenga una perspectiva en derechos humanos, conforme a los principios de dignidad y trato humano, la prohibición de sanciones a fines a castigos corporales, actos crueles, inhumanos, o degradantes o de total incomunicación.  

Para cumplir esto se deben adoptar medidas correctivas menos lesivas a sus derechos humanos y canalizando los casos para su debida investigación ante las autoridades competentes cuando derivado de dichas conductas, se cometan delitos en perjuicio de las personas internas.

Además, un punto importante es la capacitación y actualización permanente del personal que conforma las diversas áreas técnicas del centro, que les permita una actuación y reacción oportuna y garantista a los derechos humanos de las personas internas ante cualquier suceso que genere un incidente violento individual o colectivo.

Así mismo, se requiere que desde que ingresan personas que requieran de vigilancia, atención o cuidado a su salud mental o que, con motivo del uso, interacción o consumo de drogas u otras sustancias dependientes requieran su incorporación a programas de atención especializados o de desintoxicación y rehabilitación, realizando todas aquellas acciones que garanticen un tratamiento eficaz a partir de un enfoque psicosocial y no solo médico, de acuerdo a cada caso, que les permita el acceso a una calidad de vida en reclusión, a fin de evitar crisis, conductas autolesivas o eventos en los que atenten o pongan en riesgo su vida y/o de otras personas.

Email: yolandazara12@gmail.com


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